La banca venezolana procesa alrededor de 400 solicitudes de créditos en divisas destinadas a personas que perdieron completamente sus viviendas durante los terremotos del pasado 24 de junio. El programa contempla financiamiento a plazos de hasta 25 años, una tasa fija anual de 5% y subsidios que pueden cubrir entre 50% y 80% del valor del inmueble, según explicó Pedro Pacheco, presidente ejecutivo de la Asociación Bancaria de Venezuela. Sin embargo, las 400 operaciones se encuentran todavía en fase de procesamiento y no equivalen necesariamente a créditos aprobados, viviendas adquiridas o recursos efectivamente desembolsados.
La escala del programa es reducida frente a las necesidades habitacionales del país. Venezuela acumulaba antes de los terremotos un déficit estimado en 2,2 millones de viviendas, de acuerdo con el Informe Anual 2025 de Provea, que además registró apenas 1.415 nuevas viviendas entregadas durante ese año mediante seguimiento independiente. Incluso si las 400 solicitudes actualmente procesadas terminaran convertidas en créditos efectivos, representarían menos de 0,02% del déficit habitacional estimado antes de la emergencia sísmica. Los terremotos agravaron posteriormente la situación y las propias autoridades calcularon que serían necesarias unas 25.000 soluciones habitacionales adicionales para atender a las familias afectadas.
El nuevo esquema sí supone una reapertura limitada de mecanismos de financiamiento prácticamente desaparecidos durante años del mercado venezolano, pero todavía está lejos de constituir una recuperación general del crédito hipotecario. La Cámara Inmobiliaria de Venezuela había advertido en 2025 que la ausencia de financiamiento de largo plazo obligaba a realizar gran parte de las operaciones inmobiliarias mediante pagos al contado, excluyendo a buena parte de la población. Además, el programa de 400 créditos está restringido a beneficiarios censados que puedan demostrar la pérdida total y la propiedad de su vivienda, por lo que su alcance no puede equipararse todavía con una solución para el déficit habitacional estructural del país.