El Departamento del Tesoro de Estados Unidos modificó el 14 de septiembre la licencia que regula operaciones relacionadas con PDVSA para impedir cualquier cambio no autorizado en la dirección de Citgo Petroleum, PDV Holding y Citgo Holding, incluyendo nombrar, remover o sustituir directores y otros responsables de gobierno corporativo. La medida ocurre mientras la líder interina del chavismo, Delcy Rodríguez (izquierda), intenta recuperar el control de activos venezolanos en el exterior después de que Washington reconociera su gobierno, y mientras las estructuras que supervisaron Citgo desde 2019, durante el período encabezado por Juan Guaidó (izquierda), se preparan para abandonar ese papel. La Licencia General 52C deja expresamente fuera de autorización cualquier operación destinada a modificar la gobernanza de las tres compañías.
La congelación se produce en paralelo a un proceso mucho más determinante para el futuro de Citgo. Un tribunal federal autorizó la venta de las acciones de PDV Holding, matriz indirecta de la refinadora, a Amber Energy, empresa vinculada a Elliott Investment Management, por aproximadamente US$5.900 millones. La operación fue diseñada para pagar reclamaciones derivadas de expropiaciones y deudas venezolanas y contempla distribuir unos US$5.890 millones entre 15 acreedores, entre ellos ConocoPhillips. Amber todavía necesita una licencia específica de la Oficina de Control de Activos Extranjeros (OFAC) antes de recibir las acciones y la transacción debe superar una apelación pendiente. Incluso después de la venta, Venezuela y PDVSA continuarían expuestas a alrededor de US$15.000 millones adicionales en reclamaciones relacionadas con activos expropiados. Citgo posee aproximadamente 800.000 barriles diarios de capacidad de refinación en Estados Unidos.
La disputa tiene consecuencias directas para la política venezolana. Citgo quedó separada del control efectivo de PDVSA en 2019, cuando las sanciones estadounidenses permitieron que juntas vinculadas a las estructuras opositoras reconocidas por Washington asumieran su supervisión. Durante siete años, la compañía fue uno de los principales activos venezolanos en el exterior fuera del alcance del chavismo. El reconocimiento estadounidense del gobierno interino de Rodríguez comenzó a desmontar ese esquema: Caracas sustituyó representantes legales utilizados por la oposición en litigios internacionales y busca recuperar representación sobre activos estatales, mientras las entidades opositoras responsables de Citgo se preparan para cesar operaciones.
Sin embargo, la decisión del Tesoro impide por ahora que esa transición política se traduzca en un reemplazo inmediato de la junta de Citgo. Si la venta a Amber Energy finalmente se completa, la disputa entre el chavismo y los partidos que respaldaron a Guaidó podría quedar desplazada por un hecho más definitivo: el control corporativo pasaría a un comprador privado y buena parte del producto de la operación sería destinado a acreedores de Venezuela. Washington conserva además una capacidad decisiva sobre el desenlace, porque OFAC debe autorizar específicamente la transferencia antes de que Amber pueda tomar posesión de las acciones.