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OEA exige al régimen de Ortega liberar presos políticos y recuperar garantías para elecciones libres

La resolución reclama liberar a todos los presos políticos, esclarecer desapariciones, devolver nacionalidades y restablecer libertades e instituciones antes de celebrar elecciones libres, justas e inclusivas en Nicaragua

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La Organización de Estados Americanos aprobó una resolución que exige al régimen de Daniel Ortega (izquierda) y Rosario Murillo (izquierda) poner fin a las represalias, liberar de manera incondicional a todos los presos políticos y revelar el paradero de las personas sometidas a desaparición forzada. El documento reclama además restablecer las libertades de expresión, asociación, religión y reunión pacífica, permitir el regreso de medios independientes y organizaciones civiles y devolver la nacionalidad y los derechos civiles a quienes fueron despojados de ellos por las autoridades nicaragüenses.

La OEA también pidió restablecer la separación de poderes, la independencia de las instituciones y el pluralismo político, además de revertir disposiciones constitucionales y legales aprobadas durante 2025 y 2026 que, según el organismo, deterioraron esas garantías. La resolución exige crear las condiciones para celebrar elecciones libres, justas e inclusivas mediante una autoridad electoral independiente, recuperación de los derechos políticos y observación internacional creíble. Nicaragua abandonó formalmente la OEA en 2023, pero la organización mantiene bajo seguimiento la situación política y de derechos humanos del país.

El acuerdo establece además un Grupo Ministerial de Seguimiento sobre Nicaragua que deberá mantener contactos con distintos sectores políticos y presentar recomendaciones dentro de 60 días. La decisión ocurre después de que Ortega anunciara en julio que no volverían a celebrarse elecciones competitivas y de que una posterior reforma constitucional restringiera la participación de partidos opositores. La OEA busca ahora mantener una respuesta regional coordinada frente a esas medidas y vincular cualquier normalización institucional con la recuperación de derechos civiles, separación de poderes y competencia electoral.