La jueza María Lourdes Afiuni cuestionó la propuesta de reformar la Ley Constitucional contra el Odio y sostuvo que la norma debe ser eliminada por completo después de años de aplicación contra periodistas, activistas y ciudadanos críticos del chavismo. «El odio se deroga no se reforma», escribió Afiuni al reaccionar a la iniciativa presentada por Delcy Rodríguez (izquierda), líder interina del chavismo, quien solicitó al parlamento una modificación urgente para despenalizar algunas conductas. Rodríguez admitió además que la legislación fue «mal aplicada» y que se hizo un uso abusivo de ella, aunque defendió los principios que inspiraron su aprobación.
La posición de Afiuni adquiere especial peso por su propia historia frente al sistema judicial chavista. La jueza fue detenida en diciembre de 2009 después de conceder libertad condicional al empresario Eligio Cedeño siguiendo una recomendación del Grupo de Trabajo de la ONU sobre Detención Arbitraria. El entonces dictador, Hugo Chávez (izquierda) la calificó públicamente de «bandida» y pidió una pena de 30 años; al día siguiente de su decisión judicial ya estaba detenida. Human Rights Watch documentó posteriormente su encarcelamiento como uno de los casos más emblemáticos de pérdida de independencia judicial en Venezuela. Afiuni permaneció más de un año en prisión y después bajo arresto domiciliario, mientras su proceso se prolongó durante años.
La contradicción también alcanza directamente a Rodríguez. La actual encargada del chavismo presidía en 2017 la Asamblea Nacional Constituyente que aprobó la Ley contra el Odio y defendió entonces la iniciativa promovida por el régimen de Nicolás Maduro. Nueve años después, y en medio del proceso de reinstitucionalización respaldado por Washington, Rodríguez pide despenalizar parte de la norma y reconoce abusos en su aplicación. Organizaciones como Espacio Público han documentado más de 120 vulneraciones a la libertad de expresión relacionadas con esa legislación entre 2017 y 2024 y sostienen que una reforma parcial no necesariamente desmonta el aparato legal utilizado durante años para restringir la crítica política.