Cilia Flores (izquierda), esposa de Nicolás Maduro (izquierda) y una de las principales figuras del chavismo, solicitó a un tribunal federal de Nueva York abandonar la cárcel y permanecer bajo arresto domiciliario mientras espera su juicio por cargos relacionados con narcotráfico, alegando que necesita proteger su salud ante el deterioro de una afección cardíaca. Sus abogados sostienen que Flores, de 69 años, padece un prolapso de la válvula mitral y podría requerir un cateterismo, por lo que propusieron trasladarla a una residencia privada bajo vigilancia armada permanente, monitoreo electrónico y restricciones de visitas. La propia defensa reconoció que recibe trato respetuoso y buena atención médica en el Centro de Detención Metropolitano de Brooklyn, pero argumentó que una prisión no ofrece condiciones apropiadas para recuperarse de un eventual procedimiento cardíaco.
La petición contrasta con el tratamiento recibido durante años por presos políticos bajo el régimen de Maduro, del que Flores formó parte del núcleo de poder. Amnistía Internacional advirtió en agosto de 2026 que la privación de libertad no suspende el derecho a la salud y documentó 37 casos de detenidos políticos venezolanos con enfermedades graves, entre ellas cardiopatías, cáncer, insuficiencia renal y trastornos neurológicos. La organización denunció un patrón de negación o demora prolongada de atención médica, evaluaciones independientes y traslados hospitalarios, que en algunos casos habría puesto en riesgo la vida de los detenidos. Entre los casos denunciados anteriormente figuran Emirlendris Benítez y Juan Carlos Marrufo, quienes necesitaron atención médica urgente mientras permanecían bajo custodia del Estado venezolano.
Flores no está señalada personalmente como responsable de haber ordenado la negación de tratamientos a esos presos, pero ocupó posiciones centrales dentro del chavismo mientras organismos nacionales e internacionales denunciaban estas prácticas. Su defensa reclama ahora ante la justicia estadounidense que su condición médica sea tomada en cuenta para modificar las condiciones de reclusión y permitirle recibir tratamiento fuera de prisión, precisamente sobre la base del derecho a la salud que Amnistía Internacional sostiene que Venezuela incumplió repetidamente con detenidos por razones políticas. El tribunal deberá decidir si su afección justifica concederle arresto domiciliario mientras continúa el proceso judicial en Estados Unidos.