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Fiscalía de Chile señala a Diosdado Cabello como responsable de ordenar asesinato de militar venezolano en el exilio

Investigadores sostienen que dirigente chavista habría contratado al Tren de Aragua para secuestrar y asesinar a Ronald Ojeda, refugiado político en Chile, mientras Cabello continúa controlando áreas de seguridad dentro del interinato venezolano

Diosdado Cabello y Delcy Rodríguez Foto: Globovisión Archivo

La Fiscalía de Chile señaló a Diosdado Cabello (izquierda), uno de los principales dirigentes del chavismo, como presunto responsable de ordenar el secuestro y asesinato del exteniente venezolano Ronald Ojeda, refugiado político en ese país. El fiscal Metropolitano Sur, Héctor Barros, sostiene que Cabello habría contratado a integrantes del Tren de Aragua para ejecutar el crimen, ocurrido en Santiago en febrero de 2024, y que la operación habría tenido una motivación política vinculada a la actividad opositora de Ojeda contra el régimen de Nicolás Maduro (izquierda). La acusación forma parte de una investigación en curso y Cabello no ha sido condenado por estos hechos.

Una investigación exclusiva de la Unidad Investigativa del canal colombiano Caracol reconstruyó la operación y señaló que habría comenzado fuera de Chile antes de culminar con el asesinato de Ojeda. Según el reporte, tres personas incorporadas a la investigación apuntaron a Cabello como responsable del financiamiento, mientras la Fiscalía sostiene que integrantes del Tren de Aragua habrían actuado como ejecutores del crimen. Ojeda había llegado a Chile después de abandonar Venezuela y recibió protección política tras haber permanecido preso y convertirse en opositor activo del chavismo.

El señalamiento adquiere especial relevancia porque Cabello continúa ocupando una posición central dentro del interinato chavista encabezado por Delcy Rodríguez (izquierda), ocho meses después de que fuerzas estadounidenses capturaran a Maduro. Cabello permanece encargado de Interior y Justicia y conserva influencia sobre los organismos de seguridad del Estado. Estados Unidos lo acusa desde 2020 de conspiración para cometer narcoterrorismo, importación de cocaína y delitos relacionados con armas, y elevó en enero de 2025 a 25 millones de dólares la recompensa por información que conduzca a su arresto o condena. Su permanencia dentro de la estructura de poder posterior a Maduro mantiene así a uno de los principales dirigentes señalados por Washington y ahora por fiscales chilenos al frente de áreas sensibles del aparato de seguridad venezolano.