Costa Rica inauguró el Centro de Alta Contención contra el Crimen Organizado (CACCO), una megacárcel de máxima seguridad inspirada en el Centro de Confinamiento del Terrorismo (CECOT) creado por Nayib Bukele (derecha) en El Salvador. La presidenta Laura Fernández (derecha) presentó el complejo como un punto de inflexión en la política de seguridad del país y aseguró que busca convertir a Costa Rica en un referente internacional en materia penitenciaria. La instalación, construida junto a la prisión La Reforma, en Alajuela, tiene capacidad para 5.100 reclusos y requirió una inversión cercana a los 35 millones de dólares.
El proyecto responde al deterioro de la seguridad registrado durante los últimos años en un país que durante décadas fue considerado uno de los más estables de Centroamérica. Costa Rica contabilizó 905 homicidios en 2023, el mayor registro de su historia, seguido por 876 en 2024 y 873 en 2025. Las autoridades atribuyen alrededor de 70% de los asesinatos recientes a disputas relacionadas con narcotráfico y crimen organizado, después de que organizaciones internacionales utilizaran el territorio costarricense como punto de tránsito, almacenamiento y exportación de cocaína hacia Estados Unidos y Europa. Los primeros traslados de presos al CACCO están previstos para finales de octubre.
La cárcel reproduce elementos del modelo que convirtió a Bukele en una referencia regional para gobiernos que buscan políticas más severas contra el crimen, aunque Costa Rica enfrenta una realidad distinta a la salvadoreña: su principal amenaza no son las pandillas territoriales tradicionales, sino estructuras vinculadas al narcotráfico internacional. Organizaciones de vinculadas a partidos de izquierda alegan que la experiencia salvadoreña incluye denuncias por detenciones arbitrarias y violaciones al debido proceso, mientras el gobierno costarricense sostiene que el CACCO funcionará dentro de su marco constitucional y judicial.