Tres años después, Israel continúa marcado por la masacre del 7 de octubre de 2023, cuando terroristas de Hamás y otros grupos armados palestinos atravesaron la frontera desde Gaza y atacaron comunidades civiles, carreteras, bases militares y un festival de música en el sur del país. Más de 1.200 israelíes y ciudadanos extranjeros fueron asesinados y 251 personas fueron llevadas como rehenes a la Franja de Gaza. Civiles fueron ejecutados dentro de sus viviendas, otros murieron mientras intentaban escapar y familias completas quedaron destruidas en comunidades como Be’eri, Kfar Aza y Nir Oz. Naciones Unidas documentó además violencia sexual, incluida violación y violación grupal, durante los ataques y posteriormente contra algunos rehenes durante su cautiverio.
Human Rights Watch concluyó que las fuerzas encabezadas por Hamás cometieron crímenes de guerra y crímenes de lesa humanidad, entre ellos asesinatos deliberados, ejecuciones sumarias, toma de rehenes y privación ilegítima de libertad. La organización determinó que el ataque fue diseñado para matar civiles y capturar al mayor número posible de personas. El secretario general de Naciones Unidas, António Guterres, volvió a calificar este año lo ocurrido como un ataque terrorista «abominable» y sostuvo que nada puede justificar las atrocidades cometidas aquella jornada.
Israel respondió con una guerra que transformó Gaza
Israel reaccionó al ataque declarando la guerra contra Hamás y sostuvo que actuaba en ejercicio de su derecho a defenderse y eliminar la capacidad militar de la organización. La ofensiva comenzó con bombardeos masivos y posteriormente incorporó operaciones terrestres, destrucción de túneles, eliminación de dirigentes y combatientes de Hamás y ocupación progresiva de amplias zonas de la Franja. La campaña consiguió debilitar significativamente a la organización y, tras sucesivos acuerdos e intercambios, todos los rehenes israelíes —vivos o fallecidos— terminaron siendo devueltos.
El costo para la población palestina fue, sin embargo, extraordinario. Más de 74.000 palestinos murieron durante la guerra según las autoridades sanitarias de Gaza, cifra utilizada habitualmente por Naciones Unidas y agencias internacionales, aunque no distingue de manera sistemática entre civiles y combatientes. Más de 1,9 millones de habitantes fueron desplazados y alrededor de 60% de la población perdió su vivienda. Un análisis conjunto de Naciones Unidas, la Unión Europea y el Banco Mundial describió una destrucción extensa de infraestructura residencial, sanitaria, educativa y productiva, además de una crisis humanitaria de una magnitud sin precedentes en el enclave.
La respuesta israelí quedó también bajo escrutinio jurídico internacional. Organizaciones de derechos humanos denunciaron ataques indiscriminados, restricciones a la ayuda humanitaria y castigos colectivos, mientras la Corte Internacional de Justicia ordenó a Israel adoptar medidas provisionales destinadas a proteger a la población palestina y facilitar el ingreso de asistencia. Esos procedimientos no borran ni atenúan los crímenes del 7 de octubre, pero muestran que el derecho de un Estado a defenderse no elimina las obligaciones de proteger a los civiles durante una guerra.
Los gazatíes terminaron pagando gran parte del costo
La paradoja más dura de los tres años posteriores es que una operación lanzada por Hamás contra Israel terminó trasladando una enorme parte de sus consecuencias a la propia población de Gaza. Barrios enteros desaparecieron, cientos de miles de personas pasaron años desplazadas y servicios esenciales como agua, salud, vivienda y educación quedaron severamente dañados. Incluso después del alto el fuego acordado en octubre de 2025, Naciones Unidas registró más de 1.400 muertes palestinas adicionales hasta finales de septiembre de 2026 y continuaron los ataques, restricciones territoriales y episodios de violencia.
Hamás tampoco desapareció completamente. Naciones Unidas informó en septiembre que la organización continúa sin desarmarse y mantiene control sobre parte del territorio, al tiempo que las fuerzas israelíes conservan presencia o restricciones de acceso sobre aproximadamente dos tercios de Gaza. Esa situación ha impedido una reconstrucción a gran escala y mantiene a buena parte de la población en campamentos, refugios improvisados o edificios dañados.
El Comité Internacional de la Cruz Roja resume el saldo de estos tres años como una acumulación de pérdidas en ambos pueblos: familias israelíes destruidas por la masacre y el cautiverio, y una sociedad gazatí devastada por la guerra posterior. La organización participó en la devolución de 195 rehenes, 35 de ellos fallecidos, y en la liberación de más de 6.000 detenidos palestinos. Para miles de familias, la guerra no terminó con el alto el fuego porque permanecen el trauma, las pérdidas humanas y la destrucción material.
Tres años después, el 7 de octubre sigue definiendo la región
El ataque también modificó la política israelí. Familiares de víctimas, sobrevivientes y antiguos militares participan ahora directamente en la campaña electoral y muchos reclaman una investigación independiente sobre las fallas de seguridad que permitieron el ingreso de los atacantes. La tragedia abrió además una discusión interna sobre la responsabilidad del gobierno de Benjamin Netanyahu (derecha), la estrategia seguida durante la guerra y las condiciones necesarias para impedir que un episodio similar vuelva a repetirse.
En Gaza, el futuro continúa mucho menos definido. La reconstrucción permanece prácticamente paralizada, cientos de miles de personas siguen desplazadas y la falta de un acuerdo político definitivo mantiene abierto el conflicto entre Israel y Hamás. Tres años después, el 7 de octubre conserva así dos dimensiones inseparables: fue una masacre deliberada contra la población israelí y, al mismo tiempo, el acontecimiento que desencadenó una guerra cuyo mayor costo humano posterior terminó concentrándose sobre los habitantes de Gaza.