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Alex Saab detalla trama de corrupción en los CLAP, donde Vielma Mora es señalado como miembro de la estructura criminal

Documento firmado por exoperador de Nicolás Maduro describe contratos inflados para importar alimentos, pagos ilegales a funcionarios y un esquema protegido por altas autoridades del chavismo

Archivo

Alex Saab admitió ante la justicia estadounidense que participó durante casi una década en un proceso fraudulento para enriquecerse mediante contratos del programa de los Comités Locales de Abastecimiento y Producción (CLAP), creado para distribuir alimentos y medicinas a familias venezolanas durante la crisis económica. El acuerdo de culpabilidad establece que la red utilizó sobornos para conseguir contratos públicos, empresas de fachada, facturas y documentos de embarque falsos y cuentas internacionales para ocultar cientos de millones de dólares. Saab aceptó entregar US$195 millones procedentes del esquema y colaborar con nuevas investigaciones del Departamento de Justicia.

Uno de los nombres que aparece directamente vinculado al entramado es José Gregorio Vielma Mora (izquierda), exgobernador del Táchira y actual diputado del PSUV. Según el expediente, en 2016 fue adjudicado a una compañía controlada por los conspiradores un contrato por aproximadamente US$340 millones para distribuir 10 millones de cajas CLAP, a un precio de US$34 por unidad, pese a que el costo real era considerablemente menor. La diferencia permitía generar recursos para sobornos y ganancias ilícitas. Saab reconoció su participación en movimientos destinados a pagar sobornos y comisiones relacionados con Vielma Mora; la documentación y la investigación citada por Associated Press sitúan esos pagos en US$17 millones. Vielma Mora ya había sido acusado formalmente en Estados Unidos en 2021 por su presunta participación en la misma conspiración.

La confesión también amplía el alcance político del caso. Saab admitió que el esquema contó con la aprobación, participación y protección de algunas de las autoridades de mayor rango del gobierno venezolano. Los documentos identifican a una de ellas únicamente como «Funcionario Gubernamental 1A», quien habría respaldado la operación y utilizado a un intermediario para recibir pagos ilegales; su identidad no ha sido revelada judicialmente. La cooperación de Saab abre ahora la posibilidad de que los fiscales determinen quiénes eran esos altos funcionarios y hasta dónde llegaba una red que obtuvo ganancias utilizando un programa social destinado a suministrar alimentos a venezolanos de bajos ingresos.