La Misión Internacional Independiente de Determinación de los Hechos de Naciones Unidas advirtió que el aparato estatal responsable de graves violaciones de derechos humanos y crímenes de lesa humanidad en Venezuela permanece esencialmente intacto, ocho meses después de la captura de Nicolás Maduro (izquierda) y el inicio del interinato encabezado por Delcy Rodríguez (izquierda). El organismo reconoce una disminución significativa de las detenciones políticas prolongadas y las desapariciones forzadas relacionadas con ellas, además de la excarcelación de cientos de detenidos y un mayor margen para protestas, reuniones públicas y actividades de la sociedad civil. Sin embargo, concluye que estos cambios no estuvieron acompañados por reformas capaces de impedir que los mecanismos represivos vuelvan a utilizarse.
La investigación señala que numerosas leyes utilizadas para criminalizar la disidencia continúan vigentes y que los servicios de inteligencia y las fuerzas de seguridad mantienen prácticamente las mismas estructuras y métodos. La Misión investigó 64 nuevos casos de tortura posteriores al 3 de enero, incluyendo intubación forzada, confinamiento prolongado en espacios subterráneos, privación de alimentos, exposición al frío y otras condiciones degradantes. También determinó que al menos 19 funcionarios identificados previamente por graves violaciones de derechos humanos permanecen en cargos relevantes o fueron trasladados a otras posiciones importantes. Organizaciones civiles estiman además que entre 300 y 500 personas continúan detenidas por razones políticas.
Uno de los puntos más contundentes del informe se refiere a los colectivos armados progubernamentales, a los que la Misión vincula directamente con el aparato represivo y los mecanismos de control social. Los investigadores encontraron evidencias de respaldo político, financiamiento directo e indirecto, apoyo logístico, coordinación operativa y protección institucional, y concluyeron que autoridades suministraron regularmente a estos grupos armas de fuego, municiones, motocicletas y equipos de comunicación. Los colectivos han participado durante años en vigilancia, intimidación y ataques contra personas consideradas opositoras, mientras no se han adoptado medidas para desarmarlos o desmantelarlos. Para la ONU, mientras esas estructuras permanezcan activas, no exista independencia judicial y continúe la impunidad por las violaciones cometidas, los actuales «aires de libertad» seguirán siendo frágiles y reversibles.