Alex Saab se declaró culpable este martes ante una corte federal de Miami de un cargo de lavado de dinero vinculado a un esquema de corrupción utilizado para obtener contratos del Estado venezolano. Como parte del acuerdo alcanzado con la Fiscalía, el empresario colombiano aceptó cooperar con las investigaciones federales en curso y entregar US$195 millones considerados ganancias ilícitas del entramado. El delito contempla una pena máxima de 20 años de prisión, aunque los fiscales acordaron recomendar una sentencia en el extremo inferior de las pautas aplicables y solicitar reducciones adicionales si la información aportada por Saab resulta relevante.
La causa sostiene que Saab y sus socios utilizaron empresas ficticias, documentos y registros de embarque falsificados y sobornos a funcionarios para obtener contratos relacionados con los Comités Locales de Abastecimiento y Producción (CLAP), creados durante el régimen de Nicolás Maduro (izquierda) para distribuir alimentos subsidiados en medio de la crisis económica. Las autoridades estadounidenses también aseguran que la red terminó accediendo a miles de millones de dólares procedentes de ventas de petróleo de PDVSA. El acuerdo de cooperación incluye investigaciones contra cuatro coacusados que todavía no han sido identificados públicamente, mientras permanece abierta la interrogante sobre cuánto podría revelar Saab acerca de la estructura financiera que sostuvo durante años al chavismo.
Saab ya había sido acusado por Estados Unidos en 2019, detenido en Cabo Verde en 2020 y extraditado a Miami al año siguiente. En 2023, el entonces presidente Joe Biden (centro-izquierda) le concedió clemencia como parte de un intercambio por estadounidenses encarcelados en Venezuela, pero fiscales continuaron investigando hechos que no estaban cubiertos por aquel beneficio. Tras la captura de Maduro en enero de 2026, Delcy Rodríguez (izquierda) se distanció públicamente de Saab, lo apartó de su gobierno y posteriormente fue enviado nuevamente a Estados Unidos. Su declaración de culpabilidad representa ahora un giro sustancial: quien durante años fue defendido por el chavismo como un supuesto «diplomático» perseguido por Washington admite responsabilidad penal y pasa a colaborar con las mismas autoridades estadounidenses que el régimen acusó durante años de secuestrarlo.