Autoridades de Estados Unidos concretaron la deportación hacia Venezuela de Rafael José Quero Silva, un ex teniente coronel de la Guardia Nacional Bolivariana (GNB) vinculado a graves violaciones a los derechos humanos. Informes del Servicio de Inmigración y Control de Aduanas (ICE) detallan que el exmilitar supervisó de manera directa la tortura de al menos 74 manifestantes pacíficos durante las revueltas sociales registradas en 2013. El expediente migratorio señala que las víctimas sufrieron descargas eléctricas, agresiones físicas con objetos contundentes, amenazas de violación sexual y tratos degradantes mientras permanecían bajo custodia del Destacamento 47 en la ciudad de Barquisimeto, estado Lara, según los registros divulgados por agencias federales estadounidenses.
El arresto de Quero Silva se produjo el 27 de febrero de 2025 en la localidad floridana de Miramar, tras haber ingresado legalmente al territorio estadounidense en junio de 2016 con una posterior solicitud de asilo político pendiente. Eduardo Pereira, representante legal del exoficial, rechazó los señalamientos de la justicia norteamericana en declaraciones concedidas a la cadena CNN, catalogándolos de imprecisos y afirmando que durante el proceso migratorio no se presentaron pruebas concluyentes sobre una participación directa en actos de tortura. Pese a los argumentos de la defensa orientados a evitar su expulsión, un juez migratorio ratificó la orden de deportación que se ejecutó a mediados de agosto, fruto de investigaciones conjuntas entre ICE, Investigaciones de Seguridad Nacional (HSI), el FBI y la división especializada en crímenes de guerra.
El trasfondo de los hechos se remonta a la crisis desatada tras los comicios presidenciales del 14 de abril de 2013, cuando el régimen chavista, encabezado por Nicolás Maduro (izquierda), fue declarado ganador frente al candidato opositor Henrique Capriles (centro-izquierda), desatando una ola de protestas opositoras ante denuncias de fraude electoral. Mientras organizaciones no gubernamentales y Human Rights Watch documentaron patrones sistemáticos de uso excesivo de la fuerza y detenciones arbitrarias en el país suramericano, voceros del gobierno de Caracas han negado de manera reiterada la existencia de abusos institucionalizados, sosteniendo que el sistema judicial garantiza los derechos fundamentales de todos los ciudadanos.