Carlos Ocariz (centro-izquierda), dirigente de Primero Justicia y exalcalde del municipio Sucre, aseguró que Venezuela debería contar antes de finalizar diciembre con un nuevo Tribunal Supremo de Justicia (TSJ) y un nuevo Consejo Nacional Electoral (CNE), y atribuyó esa posibilidad al tutelaje ejercido por Estados Unidos desde la captura de Nicolás Maduro (izquierda). «Si Dios quiere, en diciembre de este año debemos tener un nuevo TSJ y un nuevo Consejo Nacional Electoral», afirmó durante un encuentro con representantes de la sociedad civil en Caracas. Sin embargo, Ocariz no identificó ningún acuerdo, documento o declaración de funcionarios estadounidenses ni de representantes del chavismo que garantice públicamente que ambas instituciones serán renovadas en ese plazo.
La fecha mencionada por Ocariz coincide con el cronograma de metas presentado en agosto por Dinorah Figuera (centro-izquierda), presidenta de la Asamblea Nacional electa en 2015 y participante de la mesa de diálogo con el gobierno interino chavista. Figuera situó la reinstitucionalización del TSJ aproximadamente en noviembre y la conformación de un nuevo CNE en diciembre, pero se trata de objetivos planteados dentro de la negociación y no de decisiones que su delegación pueda ejecutar unilateralmente. El chavismo continúa controlando las instituciones necesarias para materializar esos cambios, por lo que cualquier renovación efectiva depende de acuerdos con la estructura de poder encabezada por Delcy Rodríguez (izquierda) y de que los compromisos alcanzados en la mesa sean realmente cumplidos.
Washington también ha manifestado que Venezuela necesita nuevas autoridades electorales, pero hasta ahora no ha hecho público un compromiso que fije diciembre como fecha límite. El secretario de Estado Marco Rubio (derecha) declaró ante el Congreso estadounidense que el país necesita una nueva autoridad electoral «lo antes posible», junto con libertad de prensa y condiciones para que los partidos puedan organizarse, pero no anunció un calendario para sustituir al CNE ni garantizó la renovación del TSJ antes de finalizar el año. La diferencia convierte la afirmación de Ocariz en una expectativa política sustentada en el cronograma de la mesa de negociación, pero sin garantías públicas conocidas hasta ahora de los actores con capacidad para hacerla efectiva.