El mandatario de Colombia, Abelardo de la Espriella (derecha), anunció este viernes la cancelación definitiva de todas las mesas de negociación y espacios de interlocución sociojurídica que operaban bajo la llamada política de “paz total” implementada por su antecesor, Gustavo Petro (izquierda). A través de un comunicado difundido en redes sociales, el jefe de Estado informó la firma de diversas resoluciones orientadas a desmantelar los procesos de diálogo con estructuras ilegales, sustituyéndolos por un enfoque fundamentado en la rendición incondicional ante la ley. La medida comprende la supresión de la mesa con la facción disidente del ELN denominada Frente Comuneros del Sur, así como el fin de la instancia de diálogo conocida como “Tarimazo” con organizaciones de Medellín y el Valle de Aburrá, revocando el reconocimiento oficial de los negociadores designados en la legislatura pasada.
Las directrices oficiales fueron remitidas al Ministerio de Justicia y a la Fiscalía General de la Nación para reactivar las órdenes de captura contra los miembros de las estructuras afectadas, endureciendo además los trámites de extradición. “El Estado no negocia su soberanía ni se arrodilla ante los criminales”, aseveró el gobernante al enfatizar que su administración no mantendrá canales de entendimiento con organizaciones delictivas. Esta ruptura institucional complementa las acciones punitivas adoptadas a finales de agosto contra otros bloques armados que habían participado en tratos previos, tales como el Estado Mayor de los Bloques y Frente, la Coordinadora Nacional del Ejército Bolivariano y las Autodefensas Conquistadoras de la Sierra Nevada.
El viraje en la política de seguridad representa un cambio drástico frente a la estrategia desarrollada desde 2022 por el exmandatario Gustavo Petro, cuya gestión priorizó acuerdos simultáneos con insurgencias y bandas criminales que atravesaron múltiples crisis, suspensiones y rupturas institucionales. De la Espriella, quien asumió el poder el pasado 7 de agosto bajo una plataforma de mano firme y orden público, zanjó los antecedentes de flexibilización estatal frente a los grupos armados al advertir que la autoridad legítima del país no volverá a otorgar concesiones a la criminalidad.