Representantes vinculados a la Mesa de la Unidad Democrática (MUD) y al Partido Socialista Unido de Venezuela (PSUV) retomaron en Caracas las conversaciones sobre la renovación del Tribunal Supremo de Justicia (TSJ), uno de los puntos centrales incluidos en el proceso de negociación política. La delegación relacionada con la Asamblea Nacional elegida en 2015 está encabezada por Dinorah Figuera (centro-izquierda), dirigente de Primero Justicia, y la representación del chavismo por Jorge Rodríguez (izquierda), presidente de la actual Asamblea Nacional controlada por el PSUV. Entre los asuntos discutidos figura el procedimiento para designar a los nuevos magistrados del máximo tribunal.
La composición de la mesa expone una de las principales ambigüedades de la transición venezolana. La Asamblea Nacional de 2015 continúa siendo utilizada como referencia de legitimidad democrática por actores internacionales y participa como interlocutora política, pese a que su período constitucional ordinario terminó en 2021. Paralelamente, la actual Asamblea Nacional chavista ejerce el control efectivo del Poder Legislativo y sus representantes participan en las mismas negociaciones. Una situación similar ocurre en el Ejecutivo: Delcy Rodríguez (izquierda) es reconocida y tratada internacionalmente como autoridad al frente del país tras la salida de Nicolás Maduro (izquierda), aunque su ascenso deriva de una estructura política surgida después de las elecciones presidenciales de 2024, cuya proclamación oficial a favor de Maduro fue ampliamente cuestionada.
El Centro Carter, único observador internacional independiente de relevancia invitado por el CNE a esos comicios, concluyó que la elección presidencial de 2024 no cumplió los estándares internacionales de integridad electoral y «no puede considerarse democrática». También afirmó que no pudo verificar los resultados proclamados por el Consejo Nacional Electoral debido a que el organismo nunca publicó los resultados desglosados por mesa de votación. En ese escenario, representantes de estructuras que durante años disputaron la legitimidad institucional negocian ahora conjuntamente la renovación del TSJ, convirtiendo la selección de sus magistrados en una de las primeras pruebas concretas del alcance de los acuerdos políticos actualmente en discusión.